Al paramédico y bombero de Clearwater, Isaac Humphreys, le tomó solo unos segundos ponerse su equipo contra incendios.
"Queremos salir de la estación en no más de 30 segundos", explicó mientras se colocaba su abrigo protector y grueso bajo el calor del garaje de la estación. "Cuando preparamos nuestro equipo, buscamos estar listos para el éxito, de modo que podamos vestirnos, subir a la bomba y salir a la carretera lo más rápido posible".
El equipo, los camiones y el personal necesarios para responder con esa rapidez no son baratos. Gran parte del dinero proviene de los impuestos locales sobre la propiedad.
Y una propuesta de enmienda constitucional que aparecerá en la papeleta de noviembre —la Enmienda 3 (este link está en inglés)— reduciría sustancialmente esos impuestos.
El jefe de bomberos Chad Pittman señala que, de aprobarse la propuesta, el financiamiento de su departamento se vería reducido. En un ejercicio de planificación a nivel municipal, el Departamento de Bomberos y Rescate simuló una reducción presupuestaria del 5%.
"Con el ejercicio de reducción del 5%, el plan de contingencia que realizamos, los residentes podrían ver una disminución en los servicios en lo que respecta a la cantidad de bomberos que responden a sus llamadas y el número de unidades disponibles, los camiones de bomberos que están disponibles para atender las emergencias", declaró.
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Pittman indicó que la reducción significaría la pérdida de tres puestos: uno en logística, una plaza vacante de inspector de incendios y un empleo administrativo. El presupuesto para horas extra se reduciría, así como otros gastos operativos.
"Al final del día, el Departamento de Bomberos y Rescate de Clearwater seguirá aquí", dijo Pittman. "Solo estamos en una etapa de esperar y ver qué sucede el 3 de noviembre para evaluar el impacto de la Enmienda 3".
Los funcionarios de Clearwater no son los únicos que siguen atentos el proceso.
"Muchos estados interesados en la eliminación están monitoreando lo que sucede en Florida", afirmó Nicole Fox, analista de políticas públicas de la Tax Foundation. "¿Si esto se aprueba, otros estados tomarán nota? Creo firmemente que sí".
Esto se debe a la gran magnitud de la reducción fiscal propuesta, la cual afecta las exenciones por residencia habitual (homestead exemptions) en los impuestos sobre la propiedad que no se destinan a las escuelas.
Si al menos el 60% de los votantes de Florida marca "sí" en la papeleta, para el próximo año la mayoría de los propietarios de viviendas no tendría que pagar esos impuestos sobre los primeros $150,000 del valor fiscal de su propiedad. Eso representa aproximadamente el triple de la cifra actual. La exención vigente es de cerca de $50,000, pero los primeros $25,000 eximen todos los impuestos sobre la propiedad, incluidos los destinados a los distritos escolares.
La exención aumentaría a $250,000 al año siguiente y posteriormente podrá ajustarse según la inflación.
Esta cifra supera ampliamente lo aprobado por los votantes (este link está en inglés) de Texas el año pasado: un incremento en la exención por residencia habitual para impuestos escolares sobre la propiedad de $100,000 a $140,000, con una exención mayor para personas adultas mayores y con discapacidad.
Los votantes de Wyoming decidirán en noviembre si eximen la mitad del valor fiscal de una vivienda. Actualmente (este link está en inglés), el estado otorga exenciones que incluyen un descuento del 25% en el impuesto sobre la propiedad sobre el primer $1,000,000 de dólares del valor justo de mercado de las viviendas principales. Por su parte, activistas en Ohio (este link está en inglés) esperan eliminar por completo el impuesto sobre la propiedad en el futuro, mientras los legisladores estatales estudian reducciones menores.
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Fox advirtió que la exención propuesta en Florida conlleva implicaciones para los residentes.
"¿Están dispuestos a contar con menos servicios, menos comodidades?", cuestionó.
Fox señaló que los líderes locales probablemente aumentarán otros impuestos y tarifas para compensar el margen.
"Esta exención no elimina el costo de prestar los servicios del gobierno local, por lo que esos servicios deberán financiarse de alguna manera", indicó.
Tim Weisheyer, presidente saliente de Florida Realtors, tiene una perspectiva distinta.
"He visto varios artículos y titulares que afirman que los gobiernos locales podrían perder $5,000 millones el próximo año en ingresos fiscales si se aprueba la Enmienda 3, pero creo que el titular está redactado al revés", expresó Weisheyer.
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Florida Realtors, una asociación comercial de bienes raíces, ha lanzado una (este link está en inglés) campaña de $10 millones para apoyar la enmienda.
"Debería decir que los residentes de Florida podrían recuperar $5,000 millones de su propio dinero ganado con el esfuerzo del trabajo si se aprueba la Enmienda 3", continuó Weisheyer.
Francine Messano, quien ha vivido en Tampa durante décadas y se retiró recientemente de su carrera en arquitectura, comentó que agradecería el ahorro en el impuesto sobre la propiedad.
“Para mí, ese ahorro, ese ahorro anual, se reinvertirá en mi hogar en términos de mantenimiento, lo que realmente protegerá el valor y el carácter histórico de mi propiedad", dijo Messano, quien ha estado motivando a sus vecinos a apoyar la medida.
Una calculadora en línea (este link está en inglés) indica que ella ahorraría miles de dólares cada año.
Mientras los propietarios economizan, un análisis económico estatal (este link está en inglés) prevé que los gobiernos locales podrían perder casi $5,000 millones si se aprueba la Enmienda 3. Esas pérdidas aumentarían a cerca de $9,000 millones al año siguiente, con un impacto recurrente final de casi $12,000 millones.
Quienes se muden a Florida a partir del próximo año deberán residir en el estado durante cinco años antes de calificar para la nueva exención por residencia habitual.
La Enmienda 3 también afecta a las propiedades que no constituyen residencia habitual, como comercios y unidades de alquiler. En la actualidad, el valor gravable de esas propiedades puede aumentar hasta un 10% anual. La enmienda reduciría esa cifra a la mitad.
Existen asimismo múltiples campañas en contra de la Enmienda 3. Líderes locales como la administradora municipal de Clearwater, Jennifer Poirrier, expresan preocupación por los posibles efectos.
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Clearwater se prepara para perder alrededor de $20 millones durante los próximos dos años. Poirrier indicó que podrían eliminarse más de 130 plazas laborales.
Añadió que se podrían recortar servicios y que la ciudad eventualmente podría cerrar dos bibliotecas y centros de recreación.
"Seguiremos siendo una gran ciudad, pero será significativamente distinta", afirmó.
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Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo a nivel estatal financiada por la Corporación de la Radiodifusión Pública.
Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Julio Ochoa a julioochoa@wusf.org.